Análisis a la gestión contractual de la gobernación de Santander a la luz de la ley de garantías

Abstract

La Gobernación de Santander como ente territorial posee una Oficina de Asesoría Jurídica la cual tiene diferentes grupos de trabajo entre ellos el Grupo de Procesos Judiciales cuyo principal propósito es garantizar la asistencia judicial y extrajudicial de la administración central departamental mediante una gestión técnica, salvaguardando siempre los intereses del Departamento. La denominada Ley de Garantías Electorales, es un proceso estatal, de nivel nacional que se da cuatro meses antes de cualquier elección (presidencial, Congreso, autoridades locales, atípicas), en donde gobernadores, alcaldes, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas, de nivel territorial, no podrán celebrar convenios interadministrativos para ejecución de recursos públicos, participar o promover reuniones de carácter proselitista, destinar recursos públicos a reuniones proselitistas, inaugurar obras publicas donde participen candidatos o sus voceros, utilizar bienes muebles o inmuebles para actividades de carácter público y modificar nómina. A partir de lo anterior, es claro que los procesos contractuales se ven afectados particularmente por la mencionada normatividad, por lo cual un apoyo en los procesos contractuales en esta época de vigencia legislativa, es de valioso aprendizaje y de escaza presencia, pues las oportunidades de la Ley de garantías se vienen presentando en pocas oportunidades. El convenio interinstitucional suscrito entre la Universidad Industrial de Santander y la Gobernación del Departamento, propicia escenarios prácticos donde el estudiante puede aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos en su formación universitaria. Es así que al desarrollar la práctica jurídica social como modalidad de proyecto de grado genera una preparación integral del estudiante de Derecho antes de ser profesional.