Nuevas realidades en torno al desplazamiento forzado en la región nor-oriental del país y el área metropolitana de Bucaramanga (2005-2013)

Abstract

El desplazamiento forzado no es solo resultado del conflicto armado en el país, centra sus relaciones en economías extractivas financiadas por el narcotráfico, evidenciando un problema agrario no resuelto y una constante lucha por el apoderamiento, manejo y explotación de territorios económicamente atractivos en relación a recursos naturales. Como resultado de este conflicto, diariamente miles de campesinos, indígenas y afrodescendientes son expulsados violentamente de sus parcelas obedeciendo a un modelo de disputa basado en el interés privado y la rentabilidad económica de diversos grupos al margen de la ley. Estas realidades no transformadas, similares en cuanto a su origen y desenvolvimiento a nivel nacional han afectado a la población más vulnerable con grandes repercusiones sociales y económicas en los últimos años. En tal sentido, las múltiples violaciones al Derecho Internacional Humanitario a causa del desplazamiento forzado han consolidado la tragedia humanitaria que actualmente vive el país, conllevando a la declaración por parte de la Corte Constitucional de un Estado de Cosas Inconstitucionales en relación a la negación fáctica de los derechos legalmente amparados por el Estado para la población en situación de desplazamiento. Por tanto, se hace pertinente la puesta en marcha de Políticas Públicas que contribuyan con la atención, asistencia y reparación integral, es decir la superación del ECI. Los resultados de la encuesta realizada en el Área Metropolitana de Bucaramanga, principal ente territorial receptor de victimas en Santander, revela información que verifica de similar forma al Auto 385 del 10 de Diciembre de 2010 que, pasados nueve años de la declaración aún no se ha logrado un avance sistemático e integral en el goce efectivo de los derechos de la población víctima del desplazamiento forzado, así como la incapacidad del Estado para garantizar de manera efectiva la no repetición de los hechos violentos.