Evaluación del control fiscal ejercido sobre los actos administrativos que declaran la urgencia manifiesta en vigencia de la ley 1150 de 2007 expedidos por la gobernación de Santander

Abstract

El objetivo principal de este trabajo de grado es determinar si la Contraloría General de Santander ejerció un control fiscal sobre los actos administrativos que declaran la urgencia manifiesta, en vigencia de la ley 1150 de 2007 y que fueron decretados por el Departamento de Santander. Para el estudio de la efectividad del control, se realiza mediante la búsqueda, evaluación y seguimiento de los actos administrativos que declaran la urgencia manifiesta, según conceptos de los entes de control y de las altas cortes, los cuáles proporcionan el fundamento teórico y procedimental acerca de la figura. Concomitante a lo anterior, se hace un análisis de la posible vulneración o inaplicabilidad de los principios que rigen la contratación ante la aplicación de un procedimiento excepcional como lo es la urgencia manifiesta. En este orden de ideas, para la consecución de los objetivos propuestos en la investigación se realizó un proceso de observación, estudio y evaluación de las directrices utilizadas, del procedimiento implantado para ejercer el control fiscal sobre los actos administrativos que declararon la urgencia manifiesta, encontrando factores ventajosos y desventajosos del procedimiento actual, tomando como base los actos administrativos que la declaran y los actos administrativos que ejercen el control, obteniendo finalmente como resultado que la labor de la Contraloría General de Santander es insuficiente dado que deja de observar elementos contemplados por la norma y que como ente de control está comprometido a garantizar un proceso contractual transparente y justo, labor que deja evidenciada la debilidad de los órganos de control legalmente instituidos y que de cierta manera impulsa a la comunidad académica a realizar veeduría sobre las entidades estales, pero sobre todo un llamado a ejercer control social sobre las inversiones que realiza el estado para garantizar y mejorar la calidad de vida de sus afiliados.