Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)Acevedo Guerrero, Javier AlejandroValero Pinzon, Fleider Leonardo2024-03-0320162024-03-0320162016https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/35527A partir de la Constitución Política de 1991 el rol de las altas Cortes como órganos autorizados para interpretar el ordenamiento jurídico ha tomado inusitada importancia, al consagrarse en el art. 230 de aquélla que la jurisprudencia es fuente de Derecho. No obstante, es sólo en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en donde la obligatoriedad del precedente encuentra verdadera fuerza normativa, merced de lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011 que impone a los funcionarios judiciales de dicha rama el deber de seguir la doctrina sentada por el Consejo de Estado mediante sus fallos de unificación de jurisprudencia, como los proferidos en sede de revisión en materia de acciones populares. Precisamente al interior de dicho tipo de trámites constitucionales el Consejo de Estado creó la figura del agotamiento de jurisdicción, carente de sustento en el Derecho objetivo y transgresor de institutos jurídicos como el de la nulidad procesal, que sí se encuentra expresamente regulado por la Ley. Sin embargo, luego de un estudio de la aplicación de ese fenómeno en los Juzgados Civiles del Circuito y en los Juzgados Administrativos de Bucaramanga durante el periodo 2008-2010, se pudo observar que aquél ha tenido gran acogida por los operadores de justicia, lo que conduce a concluir que el instituto en comento se ha legitimado como una forma de descongestión judicial, a pesar de los vicios de su fundamentación, sobreponiéndose a ellos principios como el de celeridad, eficacia y economía procesal.application/pdfspahttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/Precedente JudicialAcciones PopularesAgotamiento De JurisdicciónJustificación De Las Decisiones JudicialesRechazo De La DemandaNulidad Procesal.Universidad Industrial de SantanderTesis/Trabajo de grado - Monografía - MaestriaUniversidad Industrial de Santanderhttps://noesis.uis.edu.coSince the Constitution of 1991 the role of the high courts as authorized agencies to interpret the law has taken unprecedented importanceenshrined in Art. 230 of that which the case law is source of law. Howeverit is only in the Administrative Jurisdiction where the requirement of the preceding is true normative forcethanks to the provisions of Act 1437 of 2011 which requires judicial officers of that branch the obligation to follow the doctrine established by the State Council in its verdicts of unification of case lawas uttered in revision based on class actions. Precisely into this type of constitutional procedures the State Council created the figure of jurisdictional exhaustionlacking support in the objective law and transgressor of legal institutions such as the nullity proceedings which are expressly regulated by law. Howeverafter a study of the application of this phenomenon in Civil Circuit Courts and the Administrative Courts of Bucaramanga during the 2008-2010 periodit was observed that it has been well received by members of the judiciarywhich leads to the conclusion that the mentioned institute has been legitimized as a form of decongesting courtdespite the vices of his foundationovercoming to those principles like celerityefficiency and economy.info:eu-repo/semantics/openAccessAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)