Protección penal de los derechos fundamentales.

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Universidad Industrial de Santander
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SíntesisEste artículo pretende ilustrar acerca de la necesidad de armonizar el derecho penal con los principios de la nueva Constitución Política promulgada en el año de 1991 –particularmente en la dinámica de los derechos humanos, pues la realidad demuestra que a seis años de su vigencia el legislador ha marchado en contravía de sus postulados, generando con ello la maximalización sistemática del derecho penal, en detrimento de la dignidad humana y de todos aquellos derechos que le son consustanciales. En este sentido, el sistema penal en su conjunto no responde a las pautas mínimas de legitimidad, constituyendo en el caso colombiano uno de los instrumentos de poder más propicios para la violación de los derechos humanos, no sólo de las personas sindicadas y condenadas por ese sistema, sino de todos aquellos ciudadanos que reclaman del Estado la protección y vigencia de sus derechos. Se proponen entonces mecanismos democráticos de participación, a través de los cuales los bienes jurídicos a proteger por la vía del derecho penal respondan a los más racionales criterios, sin perder de vista que en un estado social de derecho la defensa de los más débiles es el eje central que debe articular toda una política social tendiente a eliminar las causas generadoras de desigualdad.
SummaryThis article seeks to illustrate about the need to harmonize the criminal law, with the principles of the new "Constitución Política de Colombia", promulgated in 1991 –particularly in the dynamic of the human rights- since reality shows that at six years of force, the legislator has gone in counterway from their postulates, generating with it the systematic maximatization of the criminal law, in detriment of the human dignity and of those rights that are consubstancials to it. This sense, the penal system in its whole is not answering to the minial rules of legitimacy, and they are, in the Colombian case, one of the most conductive state instruments for the violation of the human rights, not only of the accused and convicted by system persons, but of all citizens that claim of the State the protection and force of their duties. Democratic mechanisms of participation are suggested.
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