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Perspectiva del derecho colectivo a la moralidad administrativa en la función publica: análisis a partir de las decisiones judiciales emitidas en los fallos del tribunal administrativo de Santander que resuelvan acciones populares en el periodo 2008

Resumen

En el marco del Estado Social de Derecho como la forma política adoptada por el constituyente de 1991, se desarrollaron escenarios democráticos, en los que la participación del ciudadano en la defensa de sus derechos, se ve respaldada en el texto constitucional al ser incluidos en él mecanismos de participación ciudadana, tales como las acciones populares para la protección de derechos difusos como lo son los derechos colectivos y entre ellos la Moralidad Administrativa. El trabajo de aplicación que se expone en las páginas que siguen, propuso hacer una aproximación a la perspectiva del derecho colectivo a la Moralidad administrativa, desde las decisiones que se han dado en las acciones populares, especialmente bajo la revisión del caso regional, en el periodo 2008 al 2010 en el cual se le otorgó la competencia como juez de segunda instancia a los Tribunales Administrativos. Decidir si en determinada circunstancia se violó o amenazó un derecho colectivo, cualquiera que sea, requerirá que el derecho presentado con un contenido muy general, que no contempla todos los supuestos de hecho que se pueden dar en la cotidianidad en la que se manifiestan, sea concretado en un supuesto fáctico específico.La Moralidad Administrativa no es ajena a esta condición, siendo necesario darle un sentido para la decisión de casos en que es invocada. Darle un contenido a un derecho constitucional como le aludido, generará no pocas dificultades, máxime cuando son muchos los escenarios en los que se desarrolla la función pública del estado y en todos ellos una exigencia ética para quien funge como servidor público. Será entonces el juez quien a partir de la producción de reglas le dé cuerpo al derecho colectivo en el caso particular.