La reclusión de una persona en un establecimiento carcelario o penitenciario abre paso a una relación especial de sujeción, que le impone al Estado una serie de deberes que están directamente encaminados a hacer efectivos los derechos fundamentales del condenado, que aún permanecen incólumes a pesar de la sanción penal. Por lo anterior, se ha desarrollado un catalogo de garantías basado en la Constitución Política, la legislación nacional y las normas de carácter internacional que plantean los principios y derechos mínimos que deben atenderse para el tratamiento de la población que se encuentra privada de la libertad. Es así como surge en cabeza de los Jueces de Ejecución de Penas unas funciones atribuidas por la ley con el fin de garantizar unas condiciones dignas en la ejecución de la pena. Dada la importancia de que las Autoridades cumplan de manera efectiva con los mandatos legales y mas tratándose de la posible vulneración de derechos fundamentales surge esta investigación, que tiene como objeto la verificación del cumplimiento de una de las funciones del Juez de Ejecución de Penas en la ciudad de Bucaramanga, que contempla la verificación de las condiciones del lugar en el que se da cumplimiento de la pena. Teniendo como población sujeto de estudio las condenadas por razones políticas en el Centro de Reclusión de Mujeres de Bucaramanga.