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Hacia el diseño de una estrategia efectiva para el procedimiento de cobro coactivo en Colombia

Resumen

La ejecución coactiva obedece al reconocimiento de un privilegio posicional de la administración, consistente en eximirla de llevar el asunto al conocimiento de los jueces, para lograr ella directamente la ejecución de ciertas obligaciones a su favor. Esta institución es verdadera jurisdicción, pues la administración encargada de ejercerla, esta dotada de los poderes de decisión, ejecución, coerción y documentación, desempeña atribuciones relativas a un juzgador, que a la vez es “parte” en el proceso: esa es la exorbitancia. En Colombia nunca ha existido una organización de la jurisdicción coactiva expedida en un acto único legal, sino que a medida de las necesidades de la Administración, por medio de muchas leyes diversas y dispersas se ha legislado sobre su desarrollo. El objetivo general es diseñar una estrategia para la unificación de reglas y criterios que orienten el procedimiento de cobro coactivo que se desarrolla actualmente en Colombia. Como propósitos específicos se busca estudiar el fundamento constitucional y legal; analizar los distintos procesos de cobro coactivo, así como formular los principios rectores y fines que lo legitimen. Finalmente se plantea un Estatuto Único regulador del cobro coactivo en Colombia, para que este se desenvuelva ágilmente y haga operante el entorno proteccionista estructurado en la Constitución vigente. La definitiva vocación del presente proyecto está en presentar una guía didáctica que valiéndose de los métodos descriptivo y jurídico propositito, reúna en un orden lógico el desarrollo de un procedimiento expedito, claro y racional. El monopolio de la resolución coactiva de conflictos por parte del Estado, tiene como fundamento la efectividad en la solución de los mismos. Es legítimo dicho monopolio si cumple con unos parámetros mínimos, referidos a los criterios que se deben observar para la consecución del equilibrio entre la efectividad de la administración y la protección de los derechos de los administrados.