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Practica social en la secretaría jurídica del municipio de Bucaramanga para realizar el seguimiento y control de los fallos judiciales de acciones populares debidamente ejecutoriados en segunda instancia que para su cumplimiento se haya designado a la secretaría de infraestructura desde el 19 de septiembre de 2004 hasta el 31 de julio de 2025.

Resumen

Título: Practica social en la secretaría jurídica del municipio de Bucaramanga para realizar el seguimiento y control de los fallos judiciales de acciones populares debidamente ejecutoriados en segunda instancia que para su cumplimiento se haya designado a la secretaría de infraestructura desde el 19 de septiembre de 2004 hasta el 31 de julio de 2025. Autor: Gamaliel Eliu Garcia Rojas Palabras Clave: Sistema Jurídico Integral, SAMAI, Consulta de Procesos Nacional Unificada Descripción: El Municipio de Bucaramanga es un ente territorial encargado del desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, basado en la efectividad, transparencia y legalidad, prestando oportuna y eficientemente servicios a los diferentes sectores de la comunidad, acorde a las necesidades de la ciudadanía, las exigencias del medio y el cumplimiento de la Constitución y las Leyes, fomentando el autocontrol y la autogestión, para alcanzar la satisfacción de los usuarios. Centrada en un sistema de gerencia participativa, garantizando la identificación y la prevención de las condiciones y factores que afectan la salud y seguridad de los servidores públicos, para garantizar un ambiente de trabajo adecuado, el uso eficiente de los recursos y el compromiso para estar a la vanguardia en conocimientos, técnicas y metodologías que contribuyan al desarrollo de la competitividad y continua del Sistema Integrado de Gestión de Calidad. En el marco de sus competencias el municipio de Bucaramanga debe propender por la defensa judicial en todas sus dependencias y la prevención del daño antijurídico, en ese sentido, esta práctica en la secretaría jurídica busca identificar falencias y corregirlas en el cumplimiento de los fallos judiciales producto de acciones populares ejecutoriadas en segunda instancia