Las conflictividades socioambientales en el sur de Santander han permeado el diario vivir del territorio, desembocando una masiva violación de derechos humanos y ambientales, todo esto bajo una persuasión de intereses económicos, sociales y ambientales de dos principales actores clave, las empresas privadas y el estado. Dichas conflictividades generan un impacto negativo en las comunidades locales y en los ecosistemas, no obstante, las comunidades locales no son meramente víctimas, inician siéndolo, pero también son sujetos políticos que luchan y resisten por su territorio, no se resignan a ser meros receptores de daños y perjuicios, sino que se convierten en sujetos de cambio que buscan activamente en su accionar un mejor mañana, más justo; exigiendo a su vez escenarios de participación al estado, mediante el derecho, como herramienta, donde se resiste día a día por una justicia ambiental y social.