Las dinámicas migratorias que han venido experimentado Colombia a partir de la llegada de millones de venezolanos constituyen un tema no menor, siendo objeto de debates económicos, políticos y sociales. El resultado de estas discusiones ha derivado en varias acciones del Gobierno nacional para mitigar el impacto económico y social que representó la gran afluencia de extranjeros a lo largo de nuestro territorio. Al ser estas inmigraciones un completo imprevisto, ha sido evidente que las medidas mencionadas se han adoptado e implementado sobre la marcha, en una suerte de improvisación. El impacto que la inmigración tuvo sobre el mundo del trabajo, además de demostrar la escaza y casi nula previsión institucional para afrontar la crisis, dejó en evidencia una realidad jurídica poco conocida y preocupante. El ordenamiento jurídico colombiano consagra una protección laboral para los extranjeros que emigran al interior de nuestras fronteras en las mismas condiciones que para cualquier trabajador nacional, mas no provee a los inmigrantes de mecanismos o recursos ante instancias internacionales, específicamente ante la OIT, en los casos en que sus derechos se vean sistemáticamente vulnerados con ocasión a su origen. Esta situación, que permanece en silencio entre los círculos políticos y académicos, ha sido ideal para que los derechos laborales de los inmigrantes venezolanos sean vulnerados sin que esto represente consecuencia alguna para el Estado colombiano.