Lo que se pretende con esta práctica jurídico social es fortalecer las capacidades de las comunidades (individual y colectivamente) para reaccionar o responder a situaciones de riesgo que se puedan presentar a raíz de ejercer un liderazgo en la defensa de los derechos humanos, el ambiente y la defensa del territorio. Esto se realiza a través de la Escuela de Exigibilidad de Derechos y que busca también poder implementar un Sistema de Alertas Comunitarias para poder contar con esa protección para las comunidades en lo individual y colectivo.