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Impacto de las ejecuciones arbitrarias o sumarias del Estado colombiano en los derechos humanos de las mujeres en Antioquia: análisis de las afectaciones a la vida, a la familia y evaluación de mecanismos de protección y justicia conforme a estándares internacionales, entre 2002 y 2008

Resumen

Entre 2002 y 2008, el Estado colombiano fue responsable de ejecuciones arbitrarias o sumarias en diversas regiones, siendo Antioquia una de las más afectadas. Esta investigación analiza el impacto diferenciado de estas prácticas en los derechos humanos de las mujeres, especialmente en relación con el derecho a la vida, a la familia y a los mecanismos de protección, justicia y reparación, conforme a los estándares internacionales. El estudio se desarrolla desde un paradigma crítico, con enfoques de justicia transicional, género e interseccionalidad, y aplica una metodología cualitativa, hermenéutica y socio-crítica. Se emplearon técnicas como el análisis documental, la revisión jurisprudencial y la recolección de testimonios en audiencias públicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), dando prioridad a las voces de mujeres víctimas directas, indirectas y de sus familiares. Las categorías de análisis incluyeron la afectación al derecho a la vida y el impacto en la estructura familiar. Los resultados muestran que las mujeres, además de perder familiares, sufrieron estigmatización, abandono institucional, falta de reconocimiento y revictimización. Se destaca el papel de mecanismos como la JEP y medios como la revista Vorágine en la visibilización del sufrimiento de las mujeres víctimas, quienes han sido históricamente ignoradas en los relatos oficiales del conflicto. Aunque la mayoría de las víctimas fueron hombres, se registraron 418 mujeres a nivel nacional, de las cuales 106 eran de Antioquia, región que resultó especialmente golpeada. La investigación concluye que la violencia estatal tuvo un impacto sistemático y diferenciado sobre las mujeres, lo que exige enfoques de reparación con perspectiva de género. Reconocer su rol activo en la construcción de memoria y justicia es clave para avanzar hacia una sociedad más equitativa y comprometida con los derechos humanos, con garantías reales de no repetición.