Antes de profundizar en el tema de la corrupción en Colombia, es pertinente hacer algunas consideraciones que tocan especialmente a la saturación de normas que penalizan conductas anómalas en la Administración Pública y que desbordan realmente al posibilidad de unificar criterios en torno a medidas claras sobre la conducta punible de funcionarios públicos infractores no solamente en lo atinente al orden legal, sino en lo ético y en lo moral. Al promulgar una nueva ley para cada problema que se presenta se rompe con la unidad Legal-temática-general que hace posible que los umbrales de calificación del delito abarquen en la mayor extensión posible la conducta antisocial y la conducta puntual sea parte del agravante, lo existente contradice esta afirmación en el sentido de que lo puntual constituye el delito a penalizar pero la moralidad del transgresor continúa incólume y podrá en el transcurso del ejercicio de su vida pública tener acceso y posibilidad de volver a cometer un delito de corrupción de otra forma de calificación puntal.
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