Los dos grandes sistemas de financiación de vivienda comercial en el país, UPAC y UVR fueron creados para satisfacer el acceso a la vivienda comercial. En un inicio el UPAC estuvo vinculado a la política de vivienda de distintos gobiernos, sin embargo con la aparición de políticas neoliberales en los años 90 se dejó su cálculo al mercado, elevándose sus tasas a niveles impagables para muchos deudores. Los daños causados por las Corporaciones de Ahorro y Vivienda provocaron que se declarara la inexequibilidad del sistema UPAC y se reemplazara por el UVR, que aun sigue causando daños similares a los deudores. El test de la teoría de los ilícitos atípicos sirve al juez para determinar la existencia del abuso del derecho y para los deudores del UPAC y del UVR es una herramienta para reclamar a las CAV, a los bancos y al Estado la indemnización de perjuicios por los daños causados. La aplicación del abuso del derecho como un ilícito atípico a esta situación plantea como solución a los deudores que las conductas abusivas ocasionadas por parte de las CAV y los bancos comerciales deben ser declaradas prohibidas porque contravienen con su actuar principios constitucionales en los cuales está sustentado el Estado Social de Derecho.