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La responsabilidad del estado por el daño antijuridico derivado de la falta de regulación o por la regulación legitima

Resumen

Si bien se ha reconocido responsabilidad a la Administración Pública proveniente de hechos, acciones u omisiones que le son imputables, no ha tenido igual desarrollo la imputación de responsabilidad cuando ésta proviene de los daños ocasionados por leyes y actos, que siendo válidos jurídicamente, causan daño a los administrados, ni mucho menos, la imputación de responsabilidad al legislador por la omisión en expedición una regulación especifica. Con la expedición de la Constitución Política de 1991, se consagró por primar vez en nuestro ordenamiento jurídico, el fundamento de la responsabilidad patrimonial del Estado (Cláusula General de Responsabilidad), siendo procedente a partir de este momento, imputar responsabilidad cuando tipificada una irregularidad, ésta ocasiona un daño a los administrados. La Administración responde, según el precepto constitucional, por toda lesión que los particulares sufran por el hacer, no hacer y actuar de la Administración como acto de gestión pública. Quedan así incluidos, no sólo los daños ilegítimos que son consecuencia de una actividad culpable de la Administración y sus agentes, sino también los daños producidos por una actividad perfectamente lícita, por un funcionamiento normal. Pese a contar nuestro Estado de Derecho con este soporte constitucional y con antecedentes en otros ordenamientos jurídicos, la jurisprudencia de las Altas Cortes ha sido muy limitada e incluso inexistente para imputar responsabilidad al Estado generada por la omisión legislativa. Tampoco existe posición jurisprudencial clara respecto a definir si existe responsabilidad por el hecho de las leyes o por la expedición de actos administrativos legales, en razón a la carencia de una normatividad precisa que determine su procedencia.