El espacio público, es aquel lugar en el que los ciudadanos de determinada ciudad se reúnen en sus tiempos libres a realizar actividades que los identifican, a lo largo de los años, tanto a nivel nacional como internacional, los gobiernos de los países han expedido regulaciones jurídicas en este campo con el fin de proteger ese espacio público, el cual, por su naturaleza, es un derecho de todos; sin embargo, las condiciones económicas de algunos países del mundo, han llevado a que un significativo número de sus ciudadanos no sólo deba recurrir a la informalidad, sino que además deba llevarla a las calles de las ciudades para realizar allí una actividad económica que les brinde el sustento económico necesario para su subsistencia, de forma tal que en aras de proteger su derecho al trabajo y los que se derivan de este, terminan por afectar un bien jurídico y derecho de todos como lo es el espacio público. Lo anterior, ha generado conflictos que han sido materia de estudio por parte de muchas administraciones municipales y nacionales, con el fin de brindar una solución al conflicto entre ambos derechos; en Colombia, la entidad que se ha dado a esta tarea ha sido la Corte Constitucional, protegiendo el principio de confianza legítima adquirido por quienes invaden el espacio público de buena fe. Ahora bien, en Bucaramanga, en Enero de 2013 se llevó a cabo un plan de recuperación de espacio público, el cual se ajusta a lo establecido por la corte, pero que en su ejecución no ha sido suficiente para dar solución de fondo a la problemática, debido a fuertes dificultades que emanan tanto de la administración municipal, como de los vendedores informales.