La Corte Interamericana de Derechos humanos ha establecido en su jurisprudencia estándares internacionales en materia de garantía a los derechos de las victimas que deben ser consagrados en los instrumentos de justicia transicional que construyen los Estados para la terminación de un conflicto armado interno. Estos estándares que por supuesto obligan también al Estado colombiano, son descritos implícitamente de manera especial en el fallo del Caso Masacre de Mapiripán vs Colombia, del 15 de septiembre de 2005, en el que se condenó a Colombia por su cooperación con grupos paramilitares para la ideación, preparación y ejecución del tortuoso homicidio de alrededor de 49 civiles por su supuesta ayuda a los grupos guerrilleros en la zona y en el que se analiza la situación de conflicto armado del país y la ley 975 de 2005. Por tal razón este trabajo académico se concentra en la realización exhaustiva de un análisis jurídico sobre dicho fallo con el ánimo de determinar de manera expresa cuáles son esos estándares, su obligatoriedad y posible aplicación frente a la construcción de un eventual marco de justicia y paz para los grupos guerrilleros que operan en Colombia, y analiza el margen de negociación que tiene el Estado colombiano para el logro de una acuerdo de paz y los límites de validez que estos estándares de derechos humanos representan para el mismo proceso. 1