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Análisis económico social sobre la relación existente entre la explotación minero energética con el desplazamiento forzado en la región nor-oriente de Colombia en los años de 2002 a 2012

Resumen

El problema del desplazamiento forzado en Colombia ha aquejado a la población del país por décadas de manera aguda y ha sido visto como consecuencia del conflicto armado interno, que tradicionalmente se ha financiado del narcotráfico y otros actos criminales, este proceso conlleva a una contienda por el control de tierras, sin embargo, no es adecuado señalar esta como única causa, pues existen otros factores que inciden en la manifestación y origen de este delito de lesa humanidad, como lo son, las compras extensivas de tierras, grandes plantaciones siendo el caso de la palmicultura y la caña de azúcar, el desarrollo de mega proyectos de índole económico como la exploración y explotación de hidrocarburos y actividades minero extractivas. El propósito del presente documento es determinar si existe incurrencia entre la presencia de la explotación minera legal y la expulsión forzosa de personas en el Nodo nororiental del país, comprendido por los departamentos de Cesar, Norte de Santander y Santander en los años 2002 a 2012. Zona de interés por ser un centro económico atractivo para la inversión y además históricamente en este lugar no se ha contemplado la existencia de una relación incidencia entre el desarrollo minero y el desplazamiento forzado. Los datos utilizados para realizar este trabajo fueron los títulos activos obtenidos de la base RUCOM (Registro Único de Comercializadores de Minerales) y para los datos de desplazamiento forzado por expulsión se usó la base proporcionada por la Subdirección Red Nacional de Información con base en RUV-UARIV, Con los cuales se realizaron un análisis cartográfico y descriptivo. De acuerdo con los resultados se evidencia la existencia de unos patrones de comportamiento donde puede existir dicha relación. Después de observar la influencia, se estudió la efectividad de las políticas públicas ante el desplazamiento y la regulación de las actividades mineras.