El extractivismo se ha consolidado como un modelo de explotación petrolera que opera como uno de los principales motores de presión ambiental y deterioro de la biodiversidad. Dicho modelo no solo exporta materias primas, sino que transforma los territorios rurales, campesinos y étnicos, convirtiéndose en una causa de conflictos. La extracción de hidrocarburos en el Magdalena Medio, principalmente en los municipios de Barrancabermeja y San Vicente de Chucurí, ha condicionado la ocupación y relaciones sociales desde la Concesión de Mares, otorgada en 1905. Como consecuencia, este modelo ha generado violaciones a los derechos humanos y a la naturaleza, transformando el entorno y provocando despojos y el exterminio de los pueblos indígenas en Santander. Con el avance de la infraestructura petrolera durante el siglo XX, se propiciaron violaciones a los derechos humanos contra sindicalistas, campesinos y organizaciones sociales. Esto también facilitó la entrada de otros extractivismos como los monocultivos de palma de aceite y ganadería extensiva. Las Juntas de Acción Comunal locales buscan vivir dignamente y construir proyectos de vida en una naturaleza sin contaminación. Frente a esta crisis, la investigación expone que el reconocimiento de los derechos de la naturaleza permite enfocar las prácticas hacia una justicia ecológica basada en el biocentrismo y la restauración integral