Especialización en Filosofía del Derecho
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Browsing Especialización en Filosofía del Derecho by browse.metadata.advisor "Silva Rojas, Alonso"
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Item Análisis jurisprudencial del desplazamiento(Universidad Industrial de Santander, 2008) Silva Londoño, Leandro; Silva Rojas, AlonsoEl Desplazamiento Forzado en Colombia ha producido una gran cantidad de Acciones de Tutela a analizar, en pro de lograr de la eficacia del Estado Social de Derecho. Parte de esta problemática, nace de la falta de recursos tanto humanos como económicos que hagan frente al fenómeno; en este sentido, la Filosofía del Derecho aporta valiosas teorías que permiten entender la necesidad de interpretar la ley de acuerdo a una buena hermenéutica, y acorde a la necesidad primaria de la victima, esto es, sin necesidad de acudir a la Acción Judicial cuando la Administración conoce de sus obligaciones. Buenas intenciones tendría el constituyente al implantar nuestra forma de Estado, adoptando filosofías foráneas que antecedieron a una globalización que incluye el cumplimiento de normas internacionales en el tema de los Derechos Humanos; no obstante lo anterior, hay óbices económicos que impiden la aplicación de un Estado de Bienestar propio de países con excedentes económicos. Por último, y como eje central del escrito, se realiza un corto análisis del trasegar jurisprudencial de los Desplazados, quienes se han visto en la necesidad de transitar un camino que ha implicado marcar los lineamientos de la Administración en su función de cumplir y hacer cumplir la Constitución y los derechos fundamentales de los colombianos.Item Desigualdad y justicia sexual : las decisiones judiciales sobre distribución de bienes sociales y la paridad en la participación de la mujer o ley de cuotas(Universidad Industrial de Santander, 2008) Pérez Rosales, Vannesa Alejandra; Silva Rojas, AlonsoEste trabajo estudia a la luz de los criterios de la justicia distributiva, la sentencia de control previo de la Corte Constitucional sobre la Ley 581 de 2000 y cómo la decisión resulta contrariando tanto los objetivos políticos de su expedición como los mismos argumentos de la primera parte de la sentencia. Se analiza cómo la conquista meritocrática de espacios impone tal esfuerzo individual a las mujeres que resulta fundamental en la corrección de la desigualdad en el acceso a los cargos de decisión política y económica, la expedición de normas y medidas de discriminación positiva cuya fuerza coercitiva impida que las tradiciones patriarcales perpetúen la situación de injusticia, tanto como el respaldo de decisiones judiciales que en armonía con una política de respeto a la dignidad humana de la mujer garantice el logro efectivo del equilibrio o la paridad en el reparto de los cargos en los altos niveles del gobierno, la administración, el poder legislativo y del poder judicial. En efecto, se plantea cómo la lucha por el respeto a la dignidad humana intrínseca a la condición de mujer y por el reconocimiento en justicia de una igualdad en el reparto de los bienes sociales, no solo constituye un movimiento cultural, sino una revolución pacífica que exige el respeto efectivo a los derechos humanos, empezando por el reconocimiento expreso de la resistencia que enfrenta desde instituciones como las altas cortes gobernadas absoluta o, en el mejor de los casos, mayoritariamente por varones con perspectivas conservadoras e inequitativas.Item Inconstitucionalidad de la sentencia de la corte constitucional que despenalizo en algunos casos el delito de aborto(Universidad Industrial de Santander, 2008) Uribe Escobar, Rafael Francisco; Silva Rojas, AlonsoEste trabajo analiza la sentencia C-355 del 10 de marzo de 2006 de la cual fueron Magistrados Ponentes los Doctores JAIME ARAUJO RENTERIA y CLARA INES VARGAS HERNANDEZ, y por la cual la Corte Constitucional declaró exequible el numeral 7º del artículo 32 del Código Penal, así como el artículo 122 del mismo Código, en el entendido que no se incurre en el delito de aborto, cuando con la voluntad de la mujer, la interrupción del embarazo se produce en los tres siguientes casos: 1. Cuando la continuación del embarazo constituye peligro para la vida o la salud de la mujer certificada por un médico, (embarazo terapéutico); 2. Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico, (embarazo eutanásico); y, 3. Cuando el embarazo sea el resultado de una conducta debidamente denunciada constitutiva de incesto, de acceso carnal o de acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidos, (embarazo como resultado de la comisión de un delito). En el caso en cuestión no puede la Corte optar por uno u otro derecho pues el nasciturus es persona y tanto su derecho a la vida como el derecho a la vida de la madre se encuentran al mismo nivel. Este trabajo concluye que el aborto no puede ser legal en ninguna situación en que se encuentre la madre, pues nadie puede tomar la vida de una persona y el feto es persona. El respeto a la vida es un mandato de Dios y ningún hombre puede estar por encima de la ley de Dios.Item Justicia y derecho aplicable por parte de estado colombiano frente a los vendedores ambulantes(Universidad Industrial de Santander, 2008) Meneses Espinosa, Silvia; Silva Rojas, AlonsoCon ocasión de la vigencia de la Constitución de 1991 y la puesta en marcha del Estado Social de Derecho se han incluido en la Carta Fundamental una serie de derechos fundamentales que frente al tratamiento de una situación determinada entran en tensión en razón a que solo bajo la aplicación de uno de ellos es viable dar solución adecuada a ella. No es posible perder de vista la relación armoniosa que debe existir entre la justicia y el derecho frente a la situación adecuada por parte del Estado en Colombia a un determinado problema social concreto, como en el caso de los vendedores ambulantes. La Corte Constitucional en ocasiones se ha pronunciado en sede de tutela sobre el mismo. Dichos fallos se han cumplido en algunos casos, en otros aún no. Pero la realidad es que en Colombia la presencia de vendedores ambulantes es un hecho que debe ser regulado por el Estado con base en el Derecho, la equidad , la justicia, las leyes, los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional a fin de que una vez se estudie la situación a fondo se proceda a elaborar y a ejecutar una solución adecuada tanto para los vendedores ambulantes como para la comunidad en general y por supuesto para el Estado. El marco teórico de la presente investigación lo es el concepto de justicia, equidad y derecho que existen y la relación que debe existir entre ellos, los pronunciamientos de la Corte Constitucional con ocasión de las tutelas instauradas contra las Alcaldías u otras personas jurídicas con ocasión de la presencia de vendedores ambulantes invadiendo el espacio público. En síntesis cabe preguntarse cuál es la política del Estado Colombiano en la actualidad respecto de los vendedores ambulantes.Item Monografía paramilitarismo y política(Universidad Industrial de Santander, 2008) Mojica Pena, Celestino; Silva Rojas, AlonsoEl fenómeno paramilitar tiene origen a principios de la década de los ochenta, y es solo sobre el final de esta y al inicio de los noventa cuando comienza a ser objeto de estudio el debate político entorno, que para el gobierno se denomina los grupos de justicia privada, para los militares eran autodefensas o mal llamados paramilitares. Queremos establecer como una novela hecha por Nicolás Maquiavelo, el príncipe, es hoy vigente en la problemática que se vive en nuestro estado de derecho, es decir en nuestra Nación Colombia con el paramilitarismo y la política. Principalmente en el resurgimiento de nuevos partidos y las ultimas elecciones hacia el congreso o el parlamento bicameral que existe actualmente. Muchos de estos partidos y sus integrantes encabezan de los que ostentan las creenciales parlamentarias son condenados, otros absueltos y otros esperan en cárcel del país que se resuelva su situación jurídica. Cuando fue la avaricia de los que decían ser Padres de la Patria y quienes hacen nuestras leyes por el deseo único de ostentar el poder que tuvieron que hacer alianzas con grupos que desplazaron, asesinaron y que desaparecieron a muchos de nuestros conciudadanos, a traicionar a sus amigos, a sus partidos políticos, y a sus miembros progenitores que los educaron bajo el mandato de la justicia y la religión. Pero el mismo estado que los arrullo, que fue permisivo, termino por asesinarlos, encarcelarlos incluso extraditarlos pues se sentían incompetentes para juzgarlos por nuestras propias leyes.